La ley de la selva

Lo que Flaviano Casas cuenta en el periódico “Carrión”, en el mes de febrero, es un ejemplo de lo que se viene cocinando desde hace años en muchos de estos pequeños pueblos: El Ayuntamiento se tapa los oídos, la Confederación Hidrográfica del Duero no sabe no contesta, el Servicio Territorial de Sanidad de la Junta se lo traslada al de Medio Ambiente, que no responde. Se recurre entonces al Consejero, que tampoco. La Diputación vuelve a pasarle la pelota al Ayuntamiento y la Subdelegación de Gobierno alega que esta función le corresponde a la Junta de Castilla y León...

Quienes seguimos el pulso diario de nuestra tierra, nos encontramos en ocasiones con historias rocambolescas que nos llevan a la desesperanza. Porque no somos periodistas de ocasión que recorriendo estos bellos parajes se encontraron un día con la cloaca en la que se ha convertido San Juan de Redondo, a instancias de un ingeniero que se vació discurriendo para venir a situar la fosa séptica a la entrada del pueblo, a cuatro metros de la calle y al lado de las casas.

Si a esto añadimos que no se presentan cuentas de ningún tipo cuando las hay que administran por subastas o cotos de caza más de 50.000 euros al año de los que el ciudadano sólo tiene una remota idea, cuando es sabido que la transparencia ha de prevalecer y se ha de demostrar, ya tenemos una idea de la evolución de estas comarcas. Es curioso, pero sólo ha presentado cuentas la Junta Vecinal de Verdeña.

Es el pulso de unos pocos contra lo que dicta la razón. Es la desidia que unos pocos se arrogan, provocando sin aparente temor al sistema, a la autoridad, a las normas más básicas de convivencia. Y convivir en ese ambiente de suciedad y bravuconería va minando todo auspicio de ilusión, todo tipo de sentimiento; tanto que, pase lo que pase, el futuro aquí será imposible y todos tendremos poros que cerrar, bien por ceder a los chantajes, bien por justificar a los rebeldes. De poco sirve airear a los cuatro vientos la belleza patrimonial que atesoramos, cuando aquí lo que impera, lo que prevalece es la ley de la selva.

Obra en mi poder la sentencia que han perdido recientemente las Juntas Vecinales de San Juan y Santamaría de Redondo, por haberle quitado, sin motivo aparente, el coto de caza al empresario minero Victorino. No solo han dejado de ingresar 53000 euros cada año por el concepto de renta, sino que tendrán que indemnizar a la sociedad arrendataria del coto con una cantidad equivalente a las perdidas que se determinaran "mediante valoración económica en función de los resultados cinegéticos de las temporadas no empleadas", según se lee literalmente en la sentencia .

O sea no solo el pueblo deja de ingresar sino que además tendrá que pagar. Esta resolución unilateral del contrato del coto era desconocida por algunos habitantes de ambos pueblos y que puede ocasionar, si las Juntas carecen de liquidez, la subasta pública de algunos de sus bienes (antiguas escuelas o Casas Concejo). Y la mandanga puede salpicar a quienes presidían las mismas al tomar ese acuerdo sin haber convocado un Concejo y haber notificado al pueblo para dar cumplida información de todo aquello. Si a ese pase de bola, que es ya tonada habitual en los de fuera, le sumamos el despotismo y la indiferencia que se maneja dentro, ya tenemos una buena razón para que nadie venga, o para que terminen marchándose algunos de los pocos que quedan.

Ordenemos primero este desafuero interno. Que las Instituciones controlen y obliguen al cumplimiento de las normas más básicas y que los pueblos no permanezcan bajo el yugo de quienes creen que el pueblo es suyo.